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Por MARGARITA AGUILERA FLORES
Desde 1916, cuando en Chiapas, Tabasco y Yucatán ya se reconocía el derecho de las mujeres a participar en política, votar y ser votadas para cargos de elección popular, era necesaria la integración directa de la mujer a la vida pública de México.________________________________________
Y 1953 constituyó, con la reforma a los artículos 34 y 115 de la Constitución, un gran paso para otorgar a la mujer derechos plenos de ciudadanía.
Sin embargo, en los procesos de toma de decisiones aún se reflejan avances acotados, a 53 años de aquella histórica fecha. Persiste la problemática laboral que sufren cotidianamente las mujeres en las instituciones públicas y privadas.
Patricia Espinosa Torres, presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres); Liliana Rojero Luévano, coordinadora de Equidad y Género del equipo de transición, y la diputada perredista Marisela Contreras Julián, presidenta de la Comisión de Equidad de Género de la Cámara de Diputados, hablaron por separado de este tema.
México, en cuarto lugar
Patricia Espinosa lamentó que México no sea líder en participación política femenil en América Latina, que nuestro país está posicionado en el cuarto lugar respecto a los espacios que la mujer ocupa en el Poder Legislativo, después de Cuba, Costa Rica y Argentina. Las cubanas representan el 36% de la Asamblea Nacional.
También señaló que en el Poder Ejecutivo hay sub-representación: Con una sola mujer en el Gabinete legal y cuatro en el ampliado, es necesario impulsar acciones, incluso legales, para incrementar la presencia femenina en los tres niveles de gobierno.
“La subrepresentación de las mujeres en los sistemas políticos es actualmente mucho más visible que años atrás y se incluye en el debate público. Los medios de comunicación se refieren constantemente a la insuficiente presencia de las mujeres en el Gabinete”, señaló Espinosa.
Liliana Rojero Luévano hizo referencia al estudio “Impacto de los sistemas electorales en la representación política de las mujeres”, que realizó hace tres años el Programa de liderazgo del National Democratic Institute (NDI, por sus siglas en inglés) en Washington.
La red de intelectuales que lo elaboró observó la aplicación de las cuotas de género en América Latina y en Estados Unidos, de cómo el entorno incide en su decisión para involucrarse en el ámbito político.
El estudio revela que a fin de que una mujer pueda ganar en una campaña deberá decidir tres años antes su participación.
La razón es que tiene que organizar a su familia de tal forma que la pueda “dejar” y dedicarse al trabajo proselitista.
“En el caso de los hombres, la situación es diferente, a ellos les bastan seis meses para organizarse y participar”, completó Rojero Luévano.
Sin prejuicios ni mitos
Marisela Contreras Julián -presidenta de la Comisión de Equidad de Género de la Cámara de Diputados-, dijo a La Nación que es necesario dejar de analizar los temas de las mujeres con los prejuicios, mitos y roles establecidos:
“Han habido reformas importantes, es necesario que los funcionarios cambien su mentalidad y me refiero a los responsables de aplicar los marcos normativos, si no la situación seguirá siendo difícil”.
En términos de los procesos electorales, las mujeres tienen gran participación. Sin embargo, sólo se les ve “como voto”. No hay que ir muy lejos, precisó:
“Ahí está el caso de Tabasco, estamos enterados de que hubo compra del voto de las mujeres, la venta de éste se hizo por necesidad, es decir, por pobreza.
“Por lo tanto en términos de ciudadanía, hay un gran rezago e involucra a la ideología, la toma de una decisión conciente, de ahí la necesidad de cambiar la ley en términos de utilización de recursos públicos y recortar las campañas para que impacte más en la conciencia”, abundó la legisladora del PRD.
Institucionalizar la perspectiva de género
Un esfuerzo del actual Gobierno federal y particularmente del Inmujeres es institucionalizar el Programa de Perspectiva de Género en 28 organismos de la admi-nistración pública federal, con el que se generaron varios proyectos como el Cuestionario de Equidad de Género (CEG), una encuesta de opinión sobre acciones realizadas por las instituciones en la misma materia dentro de su estructura orgánica.
El levantamiento del CEG fue entre mayo y agosto de 2006, a 19 mil 895 funcionarios y funcionarias de mando medio y superior, y personal operativo y/o de enlace.
Las recomendaciones finales se concentran en nueve líneas de acción contenidas en el Programa de Institucionalización de la Perspectiva de Género en la Administración Pública Federal (PIPEG).
Éstas han sido aplicadas para dar mayor acceso a las mujeres a distintos cargos, “aunque se sigue percibiendo una sutil discriminación”, reveló Patricia Espinosa.
Se destaca que la administración pública federal aún cuenta con una cultura altamente androcéntrica, por lo se requiere crear una infraestructura al interior de ésta que difunda la aplicación de la perspectiva de género, anotó Espinosa.
Representación en las cámaras
El sistema de cuota de género en las cámaras es una medida de acción afirmativa que tiene una temporalidad para poner al parejo hombres y mujeres en sus habilidades y competencias, y así exista equidad en las contiendas, explicó Rojero Luévano.
“Si no se desarrolla adecuadamente este sistema puede convertirse de acción afirmativa a discriminación positiva.
De tal forma que la primera sería capacitar a las mujeres en la toma de decisión, en ámbitos donde los varones han tenido mayor experiencia.
“La discriminación positiva es designar a la mujer a distritos reservados para la cuota, porque no le dan elementos de empoderamiento ni herramientas para cumplir mejor su responsabilidad”, agregó.
Y advirtió Liliana Rojero que no se debe celebrar la cuota de género como un premio, es solo un proceso de búsqueda de equidad que debe desarrollarse dando a todos los aspirantes oportunidad de ser mejores legisladores.
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